20N
– Tres años de un impuesto revolucionario llamado “ Tasas Judiciales”
Hoy viernes 20 de
noviembre tenemos el dudoso placer de celebrar el tercer aniversario del impuesto
revolucionario de acceso a la Justicia, llamado “Tasa Judicial” que tuvo a bien
establecer el Ministro Gallardón y mantener el Ministro Catalá.
Y digo que tuvo a bien,
porque dicho impuesto apareció “casualmente” en el momento de auge de las
demandas civiles de los ciudadanos por las clausulas suelo de los préstamos
hipotecarios, y “casualmente” coincidió con la táctica de no cubrir las plazas
vacantes de jueces con los llamados jueces sustitutos (jueces eventuales),
provocando el colapso de esos mismos Juzgados.
El pasado 23 de octubre,
en un Seminario de activismo pro Justicia de la Universidad Complutense, uno de
los ponentes preguntó si conocíamos la lucha contra las tasas judiciales en
redes sociales. La parte buena es que la conocían, la mala es que la entendían como “algo de los abogados” pero que a ellos
no les afectaba
Y es que, a veces nos
olvidamos de explicar qué es Justicia y la afectación que la misma tiene en el día
a día de todos y, entramos en un bucle en el que algunos pierden de vista lo
importante, que son las personas destinatarias de Justicia, no los políticos,
ni los Ministros, ni los sindicatos, ni Colegios, ni instituciones varias, sino
los destinatarios, las personas y sus derechos civiles.
Por poner un ejemplo de
las consecuencias de las tasas, imaginemos que tenemos un conflicto con nuestro
banco. Que no llegamos a ningún acuerdo para la eliminación de la clausula
suelo de nuestra hipoteca. Que, el banco, conocedor del impuesto y el colapso
de los Juzgados, nos dice “pues reclame Vd. judicialmente”.
Que contratamos a
un abogado y un procurador y, entonces es cuando nos enteramos que para pedir
el auxilio de la Justicia, ese auxilio reconocido en nuestra Constitución,
debemos abonar íntegramente el importe de la tasa judicial y previo a la
presentación de la reclamación.
Aún así decidimos seguir
adelante, y presentamos la demanda y nos encontramos con un Juzgado colapsado,
por falta de medios tanto personales como materiales, porque ni se cubren las
plazas (bajas, permisos, vacaciones, etc) ni se dota de material al Juzgado.
Y finalmente obtendremos
una Sentencia que nos estimará nuestra petición de la eliminación de la
clausula suelo pero, con suerte, unos dos años después de su interposición,
mientras hemos seguido abonándola religiosamente……
La realidad es que contribuimos
a las arcas del Estado, abonando el IRPF, hemos abonado unas tasas para el
acceso a la Justicia y el resultado no es ni como mínimo satisfactorio, el
importe recaudado en este último caso, unos 700 millones de euros (cifras de
hace un año) no han sido destinados a Justicia, y no sólo no se han destinado
sino que se desconoce su destino último
Gracias a la presión
realizada en redes sociales de cientos de juristas y no juristas, de
ciudadanos, de asociaciones de jueces, fiscales y secretarios, de funcionarios
de justicia, y, sobre todo, de abogados, y por la proximidad de unas elecciones
municipales, a principios de año el Gobierno aprobó establecer unas exenciones
(que no derogación de la Ley de Tasas) para personas físicas y autonómos, pero
manteniendo el impuesto para las Pymes y Ong’s.
Véase que digo exención,
en lugar de no sujeción, y el concepto no es baladí. Y en este sentido, cuando
hablamos de exención, el hecho imponible se genera, pero la obligación
tributaria no llega a nacer. El hecho está sujeto, pero una norma establece que
no nazca la obligación tributaria. En el segundo caso, el hecho imponible no
llega a nacer, el hecho no está sujeto.
Y esa es la trampa de la exención,
que supone que en cualquier momento puede modificarse y eliminar esa exención y
volver a aplicar ese impuesto revolucionario de las tasas judiciales para las
personas físicas. Y de qué depende, nos preguntaremos, pues depende de la
propia voluntad del Gobierno, y que sólo por encontrarnos en un año electoral y
aparecer la Justicia en campaña han preferido calmar las aguas
provisionalmente.
La imposición de un
impuesto para ejercer un derecho reconocido en nuestra Constitución, no puede
ser entendida más que como una traba para el ejercicio de los derechos civiles
de los ciudadanos
Y nuestros derechos
civiles se han visto mermados, no sólo con la imposición de un impuesto, sino
con otras acciones como por ejemplo:
.- una ingente actividad
legislativa llevada a cabo en los últimos meses, con una desaforada celeridad por
parte del Gobierno, que ha llevado a aprobar reformas legislativas no ya sin el
consenso de los operadores jurídicos, sino con su unánime oposición.
Oposición que viene dada
por cuestiones tan graves como la limitación de la instrucción de las causas
penales a 6 meses, sin aportar medios ni materiales ni personales, pudiendo
provocar que temas de corrupción queden cerrados en falso, o la modificación de
los requisitos de los beneficiarios de Justicia Gratuita reduciendo las
personas que puedan tener acceso; la
pretendida digitalización de la Justicia, los expedientes no se verán pero
seguirán existiendo los colapsos en los archivos digitales (eso si se se dotan
a los Juzgados de ordenadores que no sean antidiluvianos), y una larga lista
que aburriría al lector
.- un recorte constante
tanto de medios materiales como de personal, que provocan un deterioro tal de
la Justicia que provoca en el ciudadano el arraigo del concepto de una Justicia
deficiente, con una evidente intención de justificar ante él una futura privatización
de la misma.
Recortes como la
desaparición de las Oficinas de Atención a las Víctimas, dejándolas sin
asistencia en las guardias, o la no cobertura de vacantes de jueces de
Violencia de Género, teniendo durante el mes de agosto decenas de Juzgados sin
Juez, o la no dotación de equipos psico-sociales adscritos a Juzgados de
Familia que provocan la dilación de procesos de custodia al tener demoras de
hasta un año para la obtención de informes técnicos
Privatización como la
pretendida del Registro Civil, pendiente todavía en la agenda del Gobierno, que
conllevaría no sólo el pago de la inscripción por nacimientos, matrimonios o
defunciones, sino el no control judicial de nacionalidades, de modificación de
nombres y apellidos, de una ingente base de datos personales de todos los
ciudadanos.
Todos deberíamos exigir
que la Justicia fuera pieza clave y fundamental en los programas de los
partidos políticos, que exigiéramos una Justicia independiente, con medios y
accesible a todos para evitar que pongan en jaque la Justicia, porque, como ya
posteaba hace un año Susana Gisbert, Fiscal y miembro de UPF, la Justicia ni se
compra ni se vende ni ha de tener un precio el ejercicio de los derechos que
emanan de nuestra Constitución.
Sonia Reina
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