Denuncia en ONU Ley de Justicia Gratuita

Ante la inminente aprobación de la reforma de la Ley 1/96 de 10 de enero de asistencia jurídica gratuita, bajo la forma de enmienda  a la reforma de la LEC sobre digitalización de los Juzgados, RIS (Rigths International Spain) y Brigada Tuitera #T, nos hemos dirigido mediante carta en fecha 15 de julio a la Relatora Especial de la ONU, sobre la merma de derechos y vulneración de determinadas libertades que supone dicha reforma “encubierta”, así como la denuncia de la técnica legislativa utilizada con el fin de esquivar el proceso democrático de debate parlamentario , los debates de los operadores jurídicos, el consenso con los Colegios de Abogados y Procuradores que son quienes gestionan y tramitan. Siendo evidente el referido objetivo pues dado que si estuvieran tan seguros de las bondades de su reforma no evitarían ese trámite, pues la aprobación de la reforma la tienen asegurada por su mayoría parlamentaria

Texto remitido a la Organización de Naciones Unidas

REFORMA DE LA LEY DE JUSTICIA GRATUITA VÍA ENMIENDA A LA REFORMA DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL[1]

Esta reforma supone una merma derechos y una vulneración de determinadas libertades.

1)     Criterios para comprobar la “carencia de medios”.

Para la determinación de la unidad familiar se aplicarán criterios puramente economicistas, sin tener en consideración, en absoluto un criterio de finanzas familiares reales. Además, es preocupante que se obligará a las personas solteras a firmar una DECLARACION JURADA de que NO TIENEN PAREJA DE HECHO, vulnerando su derecho a la intimidad.

La necesaria investigación sobre el patrimonio del solicitante y su cónyuge y/o su pareja de hecho debería contrarrestarse con la correspondiente investigación veraz sobre los gastos reales del solicitante. Cosa que no se hace.

2)     Se reduce la cobertura de justicia gratuita para las víctimas:

Por ejemplo, las presuntas víctimas de violencia de género, perderán el beneficio de la justicia gratuita si el procedimiento termina en sobreseimiento o sentencia absolutoria. Además se suprimirá la asistencia a las víctimas de accidentes con secuelas permanentes.

Las únicas víctimas que se beneficiarán de justicia gratuita con independencia de los recursos de la persona, son las víctimas de terrorismo.  Se sigue sin contemplar el concepto de “interés de la justicia” y sólo incluye el criterio de suficiencia o no de recursos.[2]

3) Se reduce el alcance de la prestación de justicia gratuita

Prácticamente desaparecerá la posibilidad de pedir el beneficio de justicia gratuita para la segunda instancia. Solo cabe hacerlo cuando haya una resolución firme para la ejecución.

4) Proceso de solicitud: más complejo y más obstáculos para los solicitantes de justicia gratuita

Dicho proceso será más lento, más burocrático y con más posibilidades de denegación de todo o parte del derecho.

Se modifican los requisitos de la solicitud, y se deberá indicar de forma expresa las prestaciones para las que se solicita el reconocimiento del derecho, cuando esto es algo que en la mayoría de las ocasiones no es conocido por el solicitante (por ejemplo, la necesidad de peritos, contadores-partidores, etc.) Ello supondrá un límite al ejercicio de acciones.

Cuando haya varios litigantes, la Comisión determinará qué prestaciones se le conceden si supera el quíntuplo de la renta de IPREM.[3] Puede concedérsele abogado y procurador, pero denegarle la justicia gratuita para peritos, etc. Y cuando el coste de las prestaciones reconocidas hubiera de sufragarse por varios litigantes, la aportación del sistema de asistencia jurídica gratuita se limitará a la parte proporcional que corresponda a las partes a las que se hubiera reconocido el derecho, abonando los costes de los profesionales para los que ha sido denegada la justicia gratuita

Los expedientes administrativos no se paralizarían, automáticamente, por la solicitud del reconocimiento de la asistencia jurídica gratuita, como sucede en los procedimientos judiciales, y se vuelve a colocar al administrado bajo la supremacía de la administración, causándole indefensión.

Los contrarios conocidos serán oídos para que puedan aportar datos de la situación real del solicitante, con lo que además del procedimiento judicial, el solicitante será sometido a un escrutinio por quien le ha denunciado/demandado, el cual puede tener motivos espurios para mentir.

5) Revocación del beneficio de justicia gratuita

El Juez podrá, en la sentencia del pleito principal, revocar el beneficio de justicia gratuita, en la resolución del procedimiento para el que se solicitó, y condenar en costas. Se hace en un momento procesal en el que no caben alegaciones o pruebas sobre esa solicitud y sólo se podrá recurrir en apelación, sobre un punto que nada tiene que ver con el fondo del asunto. Ello supone una limitación a los derechos puesto que el Juez lo podrá acordar sin contradicción, el ciudadano no podrá realizar alegaciones ni presentar pruebas puesto que la primera noticia que tendrá de la denegación será la propia sentencia.

---

[1] Texto remitido por el Congreso al Senado, donde se encuentra actualmente en tramitación, ver Disposición Final Tercera, págs. 85-94, disponible en: http://www.senado.es/legis10/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_D_10_556_3716.PDF

[2] Ver comunicación de Rights International Spain y el Consejo General de la Abogacía Española de julio 2014, disponible en: http://rightsinternationalspain.org/uploads/publicacion/a6361b6f6147522cb137f5346a4c1dbef7a459cd.pdf Las preocupaciones puestas de relieve en dicha comunicación siguen vigentes.

[3] Indicador Público de Renta de Efectos Múltiple, nueva vara de medir los ingresos que sustituye al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), y sobre cuyo impacto no hay ningún estudio desde que se creó que permita valorar si resulta más proporcionado y justo que los cálculos a partir del SMI.

MI REVOLUCIÓN ES #T

Así eran las noches de mi infancia: el ritual de un vinilo, su sonido, las historias de guateque, el calor de una afición heredada. Siempre la certeza de que cualquier tiempo pasado había sido mejor.

Escuchaba a Joan Baez y Bob Dylan, la canción protesta como arma, con un diccionario en la mano aprendiendo inglés a marchas forzadas. Siempre la certeza de que había algunas cosas que yo nunca viviría.

Miraba a menudo una foto de Riboud. Aún hoy cierro los ojos y veo a aquella joven de pelo corto, una flor en sus manos; la huele, o no. Quién sabe. Sola frente a los soldados; desarmada, o no. Invencible en su absoluta vulnerabilidad.

Crecí en la certeza de que llegaba tarde a muchas cosas, de que todas las grandes batallas se habían librado. Y entonces llegó #T y yo nunca volveré a dudar de que la unión hace la fuerza y nunca volveré a resignarme, a acomodarme. Lo que ha de venir, algún día será historia.

 

DEMOCRACIA Y JUSTICIA

Hay una extensa coincidencia en que la democracia española acumula graves defectos estructurales: la extensión sistémica de la corrupción, el deficiente funcionamiento de las instituciones, las tensiones territoriales permanentes o el crecimiento de la desigualdad social, aparte de problemas económicos casi seculares que provocan la tasa de paro más alta de Europa en cuanto hay una crisis económica.

Y en efecto, pocas personas pueden discrepar de que una democracia, para funcionar razonablemente y conseguir la adhesión de la mayoría de la sociedad a su legitimidad de ejercicio (la democracia no es solo votar, ni siquiera todos los días), necesita la limpieza y confianza que la corrupción impide, instituciones que funcionen con eficiencia y transparencia, igualdad de oportunidades para todos, y una economía capaz de permitir trabajar y dar empleo decente a cualquiera que lo necesite.

Sin embargo, la idea básica de que la justicia es un elemento fundamental para que una democracia funcione, y no cualquier clase de justicia sino una independiente y dotada de medios, está mucho menos extendida en España.

No es sólo olvido de Montesquieu, hay aquí algo más profundo y grave, y es la complicidad del sistema político de la Transición con la postergación de la justicia.

Por fortuna esto va a cambiar. Contamos con iniciativas como la brigada tuitera #T, centenares de abogados, juristas y amigos -como un servidor- que han llevado a las redes sociales no solo denuncias de la pésima situación de la justicia (tasas, juzgados impresentables, falta de medios), sino alternativas claras, concretas y realistas a los desmanes perpetrados por la vieja política de reparto, abuso y abandono de la justicia.

La justicia tiene doble naturaleza y función en la democracia moderna. Por una parte es un Poder básico del Estado, encargado de contrapesar al Ejecutivo y al Legislativo. Por otra es un servicio público fundamental, porque debe garantizar el derecho material de los ciudadanos a la justicia y hacer realidad el Estado de derecho, sin el cual no cabe hablar de genuina democracia.

Pues bien, en España la Justicia tiene graves problemas para cumplir con estas funciones. Como poder del Estado está, de hecho, colonizado por los partidos políticos a través del reparto del Consejo General del Poder Judicial mediante jueces, juristas y magistrados afines a cada partido, y del papel determinante de estos magistrados delegados en el gobierno de la justicia. Añadamos que la Fiscalía tiene estrecha dependencia del Gobierno a través del Ministerio de Justicia, y daremos con un Poder del Estado en realidad sin independencia pese a lo previsto en la Constitución y la tradición democrática.

La infradotación de medios materiales, con juzgados de aspecto tercermundista en condiciones penosas, y personal sobrecargado por la insuficiencia de medios técnicos y humanos, tiene como consecuencia una administración de justicia deficiente como servicio público: lenta, defectuosa, desigual y, por tanto, a veces injusta y percibida como tal. Añadamos además que con tasas judiciales restrictivas, todavía vigentes para personas jurídicas como ONGs, asociaciones y PYMES, cuya función no es otra que alejar a los litigantes de los juzgados por justificado que esté el litigio.

Evidentemente, el problema no se limita a las molestias que puedan sufrir abogados, fiscales, jueces y resto del personal de justicia en sus juzgados atestados de papeles e imposibles de gobernar con eficacia, sino que afecta directamente a la indefensión de los ciudadanos y, por tanto, al Estado de derecho, insuficiente y por debajo de los estándares democráticos.

Ni la corrupción ni el mal funcionamiento de tantas instituciones públicas, ni el extendido descrédito de la democracia, se explican sin la mala calidad de nuestra justicia, como Poder del Estado colonizado por los partidos y como administración infradotada, maltratada y superada por la realidad. Pero quedan esperanzas si la sociedad civil asume que sin justicia independiente y bien dotada nunca se librará de lacras que pudren la democracia y caricaturizan el Estado de derecho. En eso estamos, y nunca es tarde si el objetivo es justo.

Carlos Martínez Gorriarán

Portavoz adjunto del Grupo UPyD en el Congreso de los Diputados

@cmgorriaran

NACIMIENTO DE #T

Recuerdo un niño, en tercero (no recuerdo si ya estaba la EGB, año 1967), cuando antes de entrar en la Escuela Nacional había que cantar “Viva España”, el Cara al sol, (había que formar para entrar, cubrirse y entrar en fila de a uno, levantarse cuando entraba el maestro)  y los meses de Mayo con flores a María, el Director de la escuela te leía el pensamiento del día: “La escuela es de todos, hay que cuidarla…”, en el recreo, en el patio del colegio,  los mayores jugaban al futbol con los maestros y ese niño jugaba al “corre que te pillo”, en el pueblo: “al pillá” y cruzó por el “campo de futbol”, cuatro piedras en el suelo  y un maestro le dijo que por allí no podía correr. El niño, no llegaba a los 8 años respondió: “El Director ha dicho esta mañana que el colegio es de todos, así que creo que puedo correr por aquí”, lógicamente lo castigaron sin más recreo y llamaron a su padre (la madre no se llamaba entonces en estos casos).

Recuerdo un pre-adolescente, en primero de BUP, (1973) apenas 13 años cuando se opuso a que Religión tuviese un examen con nota e hiciese media para todo el BUP y el COU, (primera huelga estudiantil, no se entró al examen de religión), carta al padre (la madre seguía sin ser citada para estos menesteres), cero  en Religión para la evaluación (entonces ponían cero, no se traumatizaba nadie) y castigo: acudir a clases de Religión en los tres turnos que había, mañana, tarde y noche durante un mes o expulsión 15 días.

Recuerdo un adolescente, (1974), en las reuniones del TeleClub, reunión en un local para ver la TV, pero había una cortina que tapaba un hueco donde se entraba al maravilloso mundo de los libros prohibidos, El Capital, de Marx... (se hablaba más de política que se veía la TV).

Recuerdo un joven, corriendo delante de unos caballos con hombres montados vestidos de gris, pidiendo Libertad y Derechos,  con unos “verdugones” en las espaldas que tenía que tapar para que sus padres no lo vieran y no supieran qué había estado haciendo ese día.

Recuerdo cuando  dijo a su madre que quería estudiar una carrera y su madre sin pensárselo le dijo: “¿Abogado?, lo sabía” (las madres no distinguen entre Licenciado en Derecho y abogado).

Recuerdo cuando una profesora de Derecho Civil exponía un concepto y respondió: “De acuerdo, si sale esa pregunta en el examen pondré lo que está exponiendo, pero cuando salga diré otra cosa”, la profesora le dijo: Algún día puede que seas un buen abogado.

Recuerdo un abogado que interpone una demanda por 150€ contra Endesa, porque en una subida de luz se le había quemado un electrodoméstico y tenía el asunto tan mal que había dado de baja al seguro, los honorarios fueron un tarro de alcaparrones  que recogía del campo el cliente.

Recuerdo cuando, (aquí digo nombre), Verónica del Carpio (maestra, compañera) escribió un correo y dijo, léete el proyecto de ley que se están preparando para implantar Tasas para acceder a la Justicia, (Verónica es de las que se lee los anteproyectos, los proyectos, el diario del Congreso, del Senado y el BOE todos los días), hay que hacer algo.

 ¿Qué va a hacer un abogado de pueblo, sin ningún contacto con nadie para que no se apruebe una ley que va impedir el acceso a la Justicia de muchos justiciables?, bueno por lo pronto “Retuitéalo” y dale a “menéame”. ¿Cómo, qué es eso por dios?, Twitter respondió. Twitter???

Recuerdo el Spectrum 48K, después cambió por el 68K con teclado profesional, dar cursos para  programar en Basic, pasando por ordenador en MSDOS, el primer Windows (cuando nadie conocía a Bill Gate) había que llamar al técnico para saber cómo se apagaba el ordenador. Cuando había una red entre ordenadores que se podía enviar mensajes, te respondían casi en el acto, cuando se hablaba de Internet que conectaba todo el mundo, en todo eso era de los primeros, pero de chat, cuando no había muñequitos, que pregunté por qué ponéis al final :-), y de  redes sociales, Facebook, Twitter, nada de nada

Con trabajo para dar y regalar, con la familia casi sin verla, después de unos años muy duros, abres una cuenta en Twiter que no sabes ni lo que es, y te pones a RT, a entablar amistades virtuales, a llamar por teléfono,  a dar a conocer que el justiciable tiene mucho que perder, comienzas recordar los años en que un adolescente (ahora lo ves como un niño, no como un joven) corría delante de los grises pidiendo Libertad y Derechos para todos, ahora no se le teme a que se entere tus padres, ni a los “verdugones” que te puedan hacer, porque ahora ya tienes una edad,  más sabe el diablo por viejo que por diablo, pero ahora hay más que perder, antes había que ganar, ahora se pierde lo ganado.

Un día hay un Decano de un Colegio de Abogado, también digo nombre, José Muelas, que no tiene otra cosa que hacer (Ser Decano, trabajar como abogado para comer)  que ir poniendo una #T dentro de una especie de estrella de color Rojo a quién lo va pidiendo. ¿Y quién pide que le pongan la #T?, resulta que uno es abogado, otro resulta ser fiscal, ¡anda si hay un juez!, un procurador, un graduado social, un policía, un alcalde, un guarda jurado, un secretario judicial, un político, un controlador aéreo y muchas profesiones más, dentro y fuera del ámbito judicial (estudié con la EGB y no estoy acostumbrado a decir un/a, pero entenderéis que están incluidas todas las personas sean del género que sean) y te pones a ver los Tuis que envían esas personas y resultan que todos hablan en algún momento de:

·         La ley de Tasas Judiciales es inconstitucional

·         La Justicia es el pilar básico de la convivencia democrática

·         División de poderes. Independencia del Poder Judicial.

·         Justicia para todos, sin tener en cuenta el poder económico, raza, sexo o religión.

·         Justicia con medios suficientes

Miras sus “tuiters” y son personas comprometidas con la sociedad, con pensamientos dispares de cómo resolver ciertos asuntos, opciones políticas muy diferentes, por eso te das cuenta que #T no tiene color político, #T es compromiso con la sociedad, trabajar para que la sociedad no pierda Derechos y libertades conseguidos y ves que en un Decreto Ley se pierden sin que nadie se dé cuenta de ello. #T es JUSTICIA.

¿#T, nace o se hace?: #T se lleva dentro, se nace, es superior a uno mismo, porque sin pensarlo te lleva a trabajar por la sociedad en su conjunto.

Saludos cordiales,

Jaime Borrego Raya. Abogado entre otras cosas.