Hay una extensa
coincidencia en que la democracia española acumula graves defectos
estructurales: la extensión sistémica de la corrupción, el deficiente
funcionamiento de las instituciones, las tensiones territoriales permanentes o
el crecimiento de la desigualdad social, aparte de problemas económicos casi
seculares que provocan la tasa de paro más alta de Europa en cuanto hay una
crisis económica.
Y en efecto, pocas
personas pueden discrepar de que una democracia, para funcionar razonablemente
y conseguir la adhesión de la mayoría de la sociedad a su legitimidad de
ejercicio (la democracia no es solo votar, ni siquiera todos los días),
necesita la limpieza y confianza que la corrupción impide, instituciones que
funcionen con eficiencia y transparencia, igualdad de oportunidades para todos,
y una economía capaz de permitir trabajar y dar empleo decente a cualquiera que
lo necesite.
Sin embargo, la idea
básica de que la justicia es un elemento fundamental para que una democracia
funcione, y no cualquier clase de justicia sino una independiente y dotada de
medios, está mucho menos extendida en España.
No es sólo olvido de Montesquieu,
hay aquí algo más profundo y grave, y es la complicidad del sistema político de
la Transición con la postergación de la justicia.
Por fortuna esto va a
cambiar. Contamos con iniciativas como la brigada tuitera #T, centenares de
abogados, juristas y amigos -como un servidor- que han llevado a las redes
sociales no solo denuncias de la pésima situación de la justicia (tasas,
juzgados impresentables, falta de medios), sino alternativas claras, concretas
y realistas a los desmanes perpetrados por la vieja política de reparto, abuso
y abandono de la justicia.
La justicia tiene doble
naturaleza y función en la democracia moderna. Por una parte es un Poder básico
del Estado, encargado de contrapesar al Ejecutivo y al Legislativo. Por otra es
un servicio público fundamental, porque debe garantizar el derecho material de
los ciudadanos a la justicia y hacer realidad el Estado de derecho, sin el cual
no cabe hablar de genuina democracia.
Pues bien, en España la
Justicia tiene graves problemas para cumplir con estas funciones. Como poder
del Estado está, de hecho, colonizado por los partidos políticos a través del
reparto del Consejo General del Poder Judicial mediante jueces, juristas y
magistrados afines a cada partido, y del papel determinante de estos
magistrados delegados en el gobierno de la justicia. Añadamos que la Fiscalía
tiene estrecha dependencia del Gobierno a través del Ministerio de Justicia, y
daremos con un Poder del Estado en realidad sin independencia pese a lo
previsto en la Constitución y la tradición democrática.
La infradotación de
medios materiales, con juzgados de aspecto tercermundista en condiciones
penosas, y personal sobrecargado por la insuficiencia de medios técnicos y
humanos, tiene como consecuencia una administración de justicia deficiente como
servicio público: lenta, defectuosa, desigual y, por tanto, a veces injusta y
percibida como tal. Añadamos además que con tasas judiciales restrictivas,
todavía vigentes para personas jurídicas como ONGs, asociaciones y PYMES, cuya
función no es otra que alejar a los litigantes de los juzgados por justificado
que esté el litigio.
Evidentemente, el
problema no se limita a las molestias que puedan sufrir abogados, fiscales,
jueces y resto del personal de justicia en sus juzgados atestados de papeles e imposibles
de gobernar con eficacia, sino que afecta directamente a la indefensión de los
ciudadanos y, por tanto, al Estado de derecho, insuficiente y por debajo de los
estándares democráticos.
Ni la corrupción ni el
mal funcionamiento de tantas instituciones públicas, ni el extendido descrédito
de la democracia, se explican sin la mala calidad de nuestra justicia, como
Poder del Estado colonizado por los partidos y como administración infradotada,
maltratada y superada por la realidad. Pero quedan esperanzas si la sociedad
civil asume que sin justicia independiente y bien dotada nunca se librará de
lacras que pudren la democracia y caricaturizan el Estado de derecho. En eso
estamos, y nunca es tarde si el objetivo es justo.
Carlos Martínez
Gorriarán
Portavoz adjunto del
Grupo UPyD en el Congreso de los Diputados
@cmgorriaran
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