martes, 7 de julio de 2015

DEMOCRACIA Y JUSTICIA

Hay una extensa coincidencia en que la democracia española acumula graves defectos estructurales: la extensión sistémica de la corrupción, el deficiente funcionamiento de las instituciones, las tensiones territoriales permanentes o el crecimiento de la desigualdad social, aparte de problemas económicos casi seculares que provocan la tasa de paro más alta de Europa en cuanto hay una crisis económica.

Y en efecto, pocas personas pueden discrepar de que una democracia, para funcionar razonablemente y conseguir la adhesión de la mayoría de la sociedad a su legitimidad de ejercicio (la democracia no es solo votar, ni siquiera todos los días), necesita la limpieza y confianza que la corrupción impide, instituciones que funcionen con eficiencia y transparencia, igualdad de oportunidades para todos, y una economía capaz de permitir trabajar y dar empleo decente a cualquiera que lo necesite.

Sin embargo, la idea básica de que la justicia es un elemento fundamental para que una democracia funcione, y no cualquier clase de justicia sino una independiente y dotada de medios, está mucho menos extendida en España.

No es sólo olvido de Montesquieu, hay aquí algo más profundo y grave, y es la complicidad del sistema político de la Transición con la postergación de la justicia.

Por fortuna esto va a cambiar. Contamos con iniciativas como la brigada tuitera #T, centenares de abogados, juristas y amigos -como un servidor- que han llevado a las redes sociales no solo denuncias de la pésima situación de la justicia (tasas, juzgados impresentables, falta de medios), sino alternativas claras, concretas y realistas a los desmanes perpetrados por la vieja política de reparto, abuso y abandono de la justicia.

La justicia tiene doble naturaleza y función en la democracia moderna. Por una parte es un Poder básico del Estado, encargado de contrapesar al Ejecutivo y al Legislativo. Por otra es un servicio público fundamental, porque debe garantizar el derecho material de los ciudadanos a la justicia y hacer realidad el Estado de derecho, sin el cual no cabe hablar de genuina democracia.

Pues bien, en España la Justicia tiene graves problemas para cumplir con estas funciones. Como poder del Estado está, de hecho, colonizado por los partidos políticos a través del reparto del Consejo General del Poder Judicial mediante jueces, juristas y magistrados afines a cada partido, y del papel determinante de estos magistrados delegados en el gobierno de la justicia. Añadamos que la Fiscalía tiene estrecha dependencia del Gobierno a través del Ministerio de Justicia, y daremos con un Poder del Estado en realidad sin independencia pese a lo previsto en la Constitución y la tradición democrática.
La infradotación de medios materiales, con juzgados de aspecto tercermundista en condiciones penosas, y personal sobrecargado por la insuficiencia de medios técnicos y humanos, tiene como consecuencia una administración de justicia deficiente como servicio público: lenta, defectuosa, desigual y, por tanto, a veces injusta y percibida como tal. Añadamos además que con tasas judiciales restrictivas, todavía vigentes para personas jurídicas como ONGs, asociaciones y PYMES, cuya función no es otra que alejar a los litigantes de los juzgados por justificado que esté el litigio.

Evidentemente, el problema no se limita a las molestias que puedan sufrir abogados, fiscales, jueces y resto del personal de justicia en sus juzgados atestados de papeles e imposibles de gobernar con eficacia, sino que afecta directamente a la indefensión de los ciudadanos y, por tanto, al Estado de derecho, insuficiente y por debajo de los estándares democráticos.


Ni la corrupción ni el mal funcionamiento de tantas instituciones públicas, ni el extendido descrédito de la democracia, se explican sin la mala calidad de nuestra justicia, como Poder del Estado colonizado por los partidos y como administración infradotada, maltratada y superada por la realidad. Pero quedan esperanzas si la sociedad civil asume que sin justicia independiente y bien dotada nunca se librará de lacras que pudren la democracia y caricaturizan el Estado de derecho. En eso estamos, y nunca es tarde si el objetivo es justo.

Carlos Martínez Gorriarán
Portavoz adjunto del Grupo UPyD en el Congreso de los Diputados
@cmgorriaran

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