«La libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen
por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la
familia humana y de sus derechos iguales e inalienables»
Preámbulo de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos
de los Derechos Humanos
Me resulta imposible hablar de justicia sin recordar esta
bella proclama de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Justicia
como sistema legal o conjunto de derechos, Justicia como poder que la
administra, y, siempre, Justicia como virtud. En todas estas acepciones, como
ciudadano y como abogado, he ido viendo cómo se ha venido pisoteando la
justicia en los últimos años por las élites gobernantes.
Élites que, carentes de aquella virtud, y alejadas del
ejercicio decente de la política, han venido instaurando un sistema articulado
de corrupción institucional que se ha hecho permeable en el sistema económico,
permitiéndose el acceso privilegiado de los poderosos –económicos y
financieros- al núcleo del poder político que han compartido los dos grandes
partidos, debilitando los controles –cuando no eliminándolos-, creando potentes
focos de impune arbitrariedad, y desvirtuando el sistema democrático al gobernarse
en beneficio de una minoría de poderosos con absoluto desprecio a los legítimos
de la ciudadanía como sujeto de derecho. Y así, nos encontramos ante una
corrupción sistémica para cuya erradicación son precisas numerosas reformas
legales, y frente a la cual no existe una Administración de justicia preparada
para actuar con rapidez y eficacia, mermada además por un poder judicial cuya
independencia está mediatizada por el sistema y forma de elección.
Mientras, los ciudadanos y ciudadanas hemos visto perder
nuestros derechos, aumentando escandalosamente la pobreza y la desigualdad, como
confirmamos en numerosos informes independientes, entre los que sobresalen el VII
Informe sobre exclusión y desarrollo social en España, 2014 (Fundación FOESSA.
Cáritas española) y el 178 Informe de OXFAM, 20 enero 2014 (OXFAM, Gobernar
para las élites. Secuestro democrático y desigualdad económica).
Para un abogado como yo, resulta indignante comprobar cómo,
en nuestro sistema legal, resulta casi imposible ante los tribunales hacer
efectivos los derechos que establece la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, que se resumen en el derecho al bienestar, proclamado por su art.
25.1: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure,
así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación,
el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales
necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo,
enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de
subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”.
Decía Montesquieu que una cosa no es justa por el hecho de
ser ley, debe ser ley porque es justa. Y justas no son las leyes que han
permitido privarnos de nuestro derecho al bienestar, como tampoco es justa una
Administración de justicia que carece de un sistema legal que permita hacer
efectivos los derechos económicos y sociales que la Constitución reconoce -y
que se concretan en ese derecho al bienestar-, y a la que se le niegan los
medios necesarios a tal fin.
Nuestra sociedad civil, en sus diferentes expresiones, ha
dicho basta, y para mí ha sido muy grato encontrar entre estos actores de la
sociedad civil a #T, y poder participar en este movimiento. En un sector, el de
los juristas y operadores jurídicos, en el que primaba el individualismo y el
conformismo, surgió un enjambre –colaborativo, pero no corporativo- de voces
que se alzaron reivindicando una Justicia sin tasas y para todos, independiente
y dotada de los medios necesarios para cumplir su función, voces que se
multiplicaron por las redes sociales ampliando su eco. #T ha abierto un camino
que, aun siendo largo, resulta dulce de transitar acompañado de tantas personas
-compañeros y compañeras de profesión, juristas, ciudadanos y ciudadanas-,
unidas en la defensa de algo tan noble como es llevar la dignidad,
en toda su plenitud, a nuestra Administración de Justicia.
Cáceres, junio de 2015
Juan María
Expósito Rubio. Abogado
Miembro del
Consejo Ciudadano Estatal de PODEMOS
@juanmexposito
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